Recuperando críticamente cuatro mensajes de la iglesia costarricense: fe, dignidad humana, justicia, fraternidad y bien común ante los desafíos políticos y sociales de Costa Rica. II parte y final.

 

IV

 

Análisis politológico y desde las relaciones internacionales, de los cuatro mensajes.

 

 

Desde las Ciencias Políticas, Una primera categoría útil es la de actor político no partidario. La ciencia política contemporánea, ya no reduce la política al Estado, los partidos y las elecciones. Robert Dahl, David Easton, Gabriel Almond, Sidney Verba y, posteriormente, autores como Jürgen Habermas y Pierre Bourdieu, permiten comprender la política como un espacio mucho más amplio donde distintos actores compiten por influencia, legitimidad, valores y capacidad de definir la agenda pública.

 

Desde esta perspectiva, la Iglesia Católica costarricense constituye un actor de la sociedad civil con capacidad de producción de autoridad moral. Esto es particularmente evidente en el texto de Víquez.

 

Su intervención no se limita a la esfera religiosa: habla ante autoridades gubernamentales, plantea criterios sobre tributación, democracia, educación, libertad de pensamiento, pobreza y participación.

 

El documento caracteriza precisamente su intervención como una reflexión de alta densidad social y política, centrada en la persona, los pobres, la libertad de conciencia y la escucha de quienes tienen menos poder.

 

Aquí resulta pertinente Jürgen Habermas. En Between Facts and Norms (Entre hechos y normas) y en sus trabajos sobre religión y esfera pública, Habermas sostiene que las sociedades democráticas no pueden reducir la formación de la voluntad política a las instituciones estatales. La sociedad civil produce discursos, valores y argumentos que ingresan a la esfera pública.

 

Eso permite interpretar los cuatro pronunciamientos como intervenciones dentro de la esfera pública costarricense. La Iglesia no gobierna, pero intenta influir sobre qué debe considerarse justo, legítimo, humano o moralmente inaceptable. Ese es poder político. No necesariamente poder partidario.

 

Aquí podemos utilizar a Max Weber. Weber distingue entre diferentes formas de autoridad y legitimidad. En términos simplificados, la autoridad puede derivarse de la tradición, del carisma o de la legalidad racional.

 

La Iglesia posee una combinación particular de las dos primeras:

 

-          Autoridad tradicional.

-          Autoridad institucional.

-          Autoridad moral.

-          En determinados momentos, autoridad carismática.

 

Por eso una homilía episcopal puede tener consecuencias políticas incluso cuando no menciona ningún partido. El poder político contemporáneo no consiste solamente en controlar recursos materiales. También consiste en definir significados.

 

Joseph Nye desarrolló la categoría de soft power (Poder Blando), para explicar precisamente la capacidad de conseguir resultados mediante atracción, legitimidad y persuasión, más que mediante coerción.

 

Aunque Nye desarrolla el concepto principalmente para las relaciones internacionales, puede utilizarse analógicamente para comprender la Iglesia: su capacidad política reside parcialmente en su poder de persuasión moral y simbólica.

 

Cuando Garita convierte la maternidad de María en una propuesta de fraternidad, diálogo y bien común, está interviniendo en la construcción simbólica de la comunidad nacional. El análisis, identifica justamente esa transformación: María → Cristo → filiación → fraternidad → pueblo → sociedad → bien común → justicia → paz.

 

La pregunta política sería: ¿Quién tiene autoridad para decir qué significa ser “pueblo” y qué significa pertenecer a la nación? Y aquí entramos en un problema clásico de la ciencia política. Probablemente ésta sea una de las dimensiones políticamente más interesantes del análisis.

 

La exposición eclesiástica, distingue entre escuchar al pueblo y afirmar “yo soy el pueblo”. Esa diferencia tiene una enorme importancia desde la teoría política contemporánea. Ernesto Laclau mostró que el concepto de “pueblo” constituye uno de los elementos centrales de la construcción populista. El pueblo no es simplemente una realidad sociológica preexistente: también puede ser construido discursivamente mediante la oposición entre “el pueblo” y “las élites”.

 

Cas Mudde, por su parte, define el populismo como una concepción que contrapone un “pueblo puro” a una “élite corrupta”. Y Jan-Werner Müller, agrega una dimensión especialmente relevante: el populismo posee una tendencia a presentarse como el único representante auténtico del pueblo.

 

El texto analizado introduce precisamente la vacuna democrática contra esa concepción. Afirma que escuchar al pueblo significa:

 

-          Incorporar.

-          Deliberar.

-          Consultar.

-          Reconocer al diferente.

-          Fortalecer instituciones.

-          Proteger minorías.

-          Ampliar ciudadanía.

 

Esto se encuentra mucho más cerca de una concepción pluralista y deliberativa de la democracia que del populismo. Aquí podemos utilizar también a Robert Dahl. Para Dahl, la democracia requiere pluralismo, participación efectiva, competencia política, libertad de expresión y posibilidad real de que los ciudadanos influyan en las decisiones.

 

Por eso existe una diferencia fundamental entre: “El pueblo quiere esto porque yo sé qué quiere el pueblo” y “El gobierno debe escuchar a ciudadanos diferentes y permitir que participen en las decisiones”.

 

La primera afirmación puede desembocar en concentración de poder. La segunda fortalece la democracia. El texto contiene otra dimensión importante: la limitación del poder. Cuando la reflexión de Víquez afirma que gobernar significa servir y que detrás de las cifras existen personas, el argumento puede trasladarse políticamente hacia una crítica de la personalización del poder.

 

Aquí resultan relevantes Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, particularmente su preocupación por la erosión democrática cuando los líderes comienzan a considerar las instituciones como obstáculos y no como límites legítimos.

 

La democracia no consiste solamente en que alguien gane elecciones. También requiere:

 

-          Controles.

-          Contrapesos.

-          Separación de poderes.

-          Libertad de expresión.

-          Pluralismo.

-          Oposición legítima.

-          Instituciones autónomas.

-          Respeto por las reglas.

 

El texto es particularmente fuerte en este punto cuando afirma que escuchar al pueblo no debe convertirse en propaganda, sino en participación, justicia y bien común. En términos politológicos podría formularse así: La soberanía popular no autoriza la concentración personal del poder.

 

El pueblo es fuente de legitimidad democrática, pero no puede ser utilizado como argumento para destruir los mecanismos mediante los cuales se expresa pluralmente la voluntad popular. De los cuatro textos de la iglesia costarricense, el de Víquez es el que presenta una mayor cercanía con una problemática clásica de la economía política.

 

El documento señala que su preocupación se concentra en el pobre, el trabajador, el campesino, el joven, la familia, el ciudadano y quienes poseen una “voz pequeña”. Desde la ciencia política, esto puede interpretarse mediante la teoría de T. H. Marshall (Sociólogo británico), sobre ciudadanía.

 

Marshall distinguió entre:

 

-          Ciudadanía civil.

-          Ciudadanía política.

-          Ciudadanía social.

 

Una democracia puede reconocer formalmente derechos políticos y, sin embargo, producir ciudadanos con capacidades muy desiguales para ejercerlos. Aquí aparece el problema fundamental del texto: ¿Puede existir democracia política efectiva cuando existen desigualdades sociales extremadamente profundas?

 

Ésta es también una cuestión desarrollada por Amartya Sen, cuya teoría de las capacidades permite comprender que la libertad formal no necesariamente significa capacidad real para actuar.  Un ciudadano puede tener derecho al voto y, simultáneamente, carecer de:  

 

-          Educación adecuada.

-           Ingresos suficientes.

-          Seguridad.

-          Tiempo.

-          Acceso a información.

-          Capacidad de participación.

 

Por eso el discurso de Víquez puede ser interpretado como una concepción de democracia sustantiva, no meramente electoral (En lenguaje reformista, la democracia sustantiva, es la democracia social). Uno de los puntos más importantes del texto es su discusión sobre impuestos.

 

Víquez no rechaza la responsabilidad fiscal. El argumento que aparece en la exposición del sacerdote, es más sofisticado: las cuentas públicas deben ser sostenibles, pero no pueden equilibrarse trasladando desproporcionadamente los costos a las familias vulnerables.

 

Desde la economía política, esto puede analizarse con Thomas Piketty. Piketty ha mostrado cómo las desigualdades de riqueza pueden reproducirse cuando las estructuras fiscales y patrimoniales permiten una concentración creciente del ingreso y del capital.

 

La pregunta política, entonces, no es simplemente: ¿Cuánto recauda el Estado? Sino: ¿Quién paga?; ¿Quién queda exento?; ¿Quién recibe los beneficios?; ¿Quién soporta los costos?; ¿Qué estructura social reproduce el sistema tributario?

 

Esto lleva directamente al problema de la justicia distributiva. Aquí la tesis de Víquez, coincide parcialmente con la tradición de economía política socialdemócrata: el Estado fiscal no es únicamente un mecanismo de recaudación; es también un instrumento de redistribución y cohesión social. Por eso el discurso de Víquez tiene una clara dimensión de Estado social.

 

Por su parte, la intervención de monseñor Manuel Eugenio Salazar, presenta una estructura política diferente. El documento señala que aborda:

 

-          Pobreza.

-          Corrupción.

-          Concentración de riqueza.

-          Familia.

-          Universidad.

-          Libertad religiosa.

-          Embriones.

-          Eutanasia.

-          Educación.

-          Democracia;

-          Relación Iglesia-Estado.

 

Aquí pasamos de la economía política a la política de valores. Autores como Ronald Inglehart y Pippa Norris (Politólogos), han estudiado la transformación de los conflictos políticos contemporáneos: junto a los tradicionales conflictos económicos, aparecen conflictos culturales relacionados con religión, moral, familia, identidad, género, sexualidad y valores.

 

En este sentido, la intervención de Salazar representa una forma de movilización moral.  Su eje no es primordialmente: ¿Cómo distribuir la riqueza? sino: ¿Qué concepción del ser humano debe orientar la sociedad?

 

El problema político aparece cuando cuestiones morales legítimas son transformadas en mecanismos de polarización identitaria. Aquí resulta fundamental el concepto contemporáneo de polarización afectiva.

 

Autores como Shanto Iyengar, Yphtach Lelkes y Sean Westwood, han estudiado cómo las democracias contemporáneas pueden pasar de la competencia entre programas políticos a la hostilidad entre grupos.

El adversario deja de ser simplemente alguien que piensa diferente. Se convierte en:

 

-          Enemigo.

-          Amenaza.

-          Traidor.

-          Inmoral.

-          Antipatriota.

-          Enemigo de la religión.

-          Enemigo del pueblo.

 

Los mensajes de la iglesia contienen un elemento que puede actuar contra esa dinámica: la defensa de ciudadanos capaces de disentir, pensar y dialogar. El análisis afirma que una educación democrática debe producir conciencias libres y no obediencias políticas. Desde la ciencia política, esto es crucial. Una democracia no puede funcionar si toda diferencia ideológica se transforma en una guerra moral.

 

La homilía de Garita puede ser estudiada desde otra categoría: construcción de identidad nacional. Benedict Anderson (Historiador), definió la nación como una “comunidad imaginada”. La nación no significa solamente territorio y ciudadanía jurídica. También requiere símbolos, memorias, relatos y experiencias compartidas.

 

La Virgen de los Ángeles posee precisamente una extraordinaria capacidad de integración simbólica nacional. Garita utiliza ese símbolo para intentar reconstruir un “nosotros”.  El problema nacional identificado por la homilía es:

 

-          Polarización.

-          Violencia.

-          Narcotráfico.

-          Corrupción.

-          Pobreza.

-          Incertidumbre.

-          Fragmentación social.

 

Desde la ciencia política, esto puede ser interpretado como una crisis de cohesión social. La pregunta ya no es únicamente quién gobierna. Es: ¿Qué mantiene unida a una sociedad cuando las instituciones pierden confianza y los ciudadanos dejan de reconocerse como miembros de una misma comunidad política?

 

Aquí aparece una crítica importante. La fraternidad puede producir integración simbólica, pero no necesariamente igualdad material. El propio análisis, reconoce este problema cuando señala que la fraternidad debe convertirse en estructuras concretas de justicia.

 

Desde la ciencia política, ésta sería la diferencia entre: cohesión normativa y cohesión material. Una sociedad puede sentirse simbólicamente unida y continuar teniendo:

 

-          Desigualdad.

-          Concentración de riqueza.

-          Exclusión territorial.

-          Precariedad laboral.

-          Discriminación.

-          Desigualdad de oportunidades.

 

Por eso la crítica de Piketty, Marshall y, desde otra perspectiva, Nancy Fraser, resulta pertinente. Fraser ha insistido en que la justicia no puede reducirse al reconocimiento cultural: necesita también redistribución y participación política. Así: Reconocimiento sin redistribución puede producir una fraternidad retórica. Ésta es una de las principales debilidades políticas de la propuesta de Garita.

 

El cuarto actor es diferente. La Conferencia Episcopal desarrolla un discurso institucional basado en:

 

-           Bien común.

-          Solidaridad.

-          Diálogo.

-          Paz social.

-          Dignidad.

-          Protección de vulnerables.

-          Trabajo.

-          Institucionalidad democrática.

-          Fraternidad.

El análisis lo caracteriza como el “ver” más institucional y nacional. Desde las ciencias políticas, esto puede interpretarse como una apuesta por la gobernanza democrática. Aquí resultan útiles autores como Robert Putnam.

 

Putnam ha demostrado la importancia del capital social, la confianza, las redes asociativas y la cooperación para el funcionamiento de las democracias. Cuando la Conferencia Episcopal habla de reconstruir tejido social, diálogo e institucionalidad, está planteando, aunque desde otro lenguaje, un problema muy cercano al de Putnam: ¿Cómo reconstruir confianza y cooperación cuando la sociedad se fragmenta?

 

Los cuatro discursos pueden reunirse mediante una categoría común: la legitimidad. Max Weber proporciona el punto de partida clásico. Pero podemos añadir a David Easton, quien distingue entre apoyo específico al gobierno y apoyo difuso al sistema político.

 

Esta diferencia resulta extraordinariamente útil. Una ciudadanía puede:

 

-          Rechazar al gobierno de turno.

-          Criticar a la presidente (Así le gusta a Fernández que la llamen).

-          Cuestionar una política pública.

 

Sin necesariamente rechazar:

 

-          La democracia.

-          Las elecciones.

-          La Constitución.

-          Las instituciones.

-          El Estado de derecho.

 

Los cuatro textos, especialmente Víquez y la Conferencia Episcopal, parecen defender precisamente esa separación. Criticar al gobierno no significa destruir la democracia. Y defender las instituciones no significa aprobar al gobierno. Esta distinción es fundamental en una democracia madura.

 

Desde las relaciones internacionales, el análisis adquiere otra dimensión. La Iglesia Católica no es solamente una institución costarricense. Es una institución transnacional con:

 

-          Estructura global.

-          Presencia diplomática.

-          Redes religiosas.

-          Capacidad de comunicación.

-          Autoridad moral internacional.

-          Relaciones con Estados.

-          Participación en organismos internacionales.

 

Aquí resulta especialmente útil el concepto de actores transnacionales desarrollado por autores como Keohane y Nye. El Estado ya no constituye el único actor relevante del sistema internacional. También participan:

 

-          Organizaciones internacionales.

-          Empresas transnacionales.

-          ONG.

-          Movimientos sociales.

-          Iglesias.

-          Redes religiosas.

-          Organizaciones humanitarias.

 

La Iglesia Católica constituye uno de los ejemplos históricos más importantes de actor transnacional. Por eso las referencias del análisis a Francisco y León XIV no son simplemente referencias religiosas: representan también la inserción del debate costarricense en una red transnacional de ideas sobre democracia, pobreza, migración, tecnología, guerra, paz y justicia social.

 

La referencia a Fratelli Tutti resulta particularmente interesante. El análisis relaciona la fraternidad con:

 

-          Diálogo.

-          Inclusión.

-          Participación.

-          Justicia económica.

-          Rechazo de la polarización.

-          Crítica del populismo.

 

Desde las relaciones internacionales podemos hablar de poder normativo. La Iglesia intenta influir no mediante coerción militar o económica, sino mediante normas (El maestro de las Ciencias Políticas, Maurice Duverger, habla del poder de las ideas):

 

-          Dignidad humana.

-          Derechos humanos.

-          Solidaridad.

-          Paz.

-          Cooperación.

-          Protección de los vulnerables.

 

Esto acerca el discurso a la tradición constructivista de las relaciones internacionales. Alexander Wendt (Politólogo), Martha Finnemore (Internacionalista); y Kathryn Sikkink (Especialista en Derechos Humanos e Internacionalista), han mostrado cómo las normas y las ideas contribuyen a construir los intereses y comportamientos de los actores internacionales. Desde esta perspectiva, la Iglesia participa en la lucha por definir qué comportamientos deben considerarse legítimos en la política internacional.

 

La referencia de Garita al narcotráfico también merece una lectura desde las relaciones internacionales. El narcotráfico no es exclusivamente un problema criminal interno. Es un fenómeno transnacional que involucra:

 

-          Mercados internacionales.

-          Redes financieras.

-          Tráfico de armas.

-          Corrupción.

-          Lavado de dinero.

-          Rutas marítimas.

-          Organizaciones criminales transnacionales.

-          Debilidad institucional.

 

Barry Buzan (politólogo), Ole Wæver (Internacionalista) y Jaap de Wilde (Internacionalista), desde la teoría de la “securitización”, permiten analizar cómo determinadas cuestiones pasan de ser problemas sociales a convertirse en asuntos definidos como amenazas existenciales.

 

Aquí existe un riesgo: Cuando la violencia y el narcotráfico son tratados exclusivamente como problemas de seguridad, pueden desaparecer sus dimensiones sociales, económicas y territoriales. Precisamente por eso resulta interesante que el análisis vincule violencia con pobreza, exclusión, oportunidades y tejido social. Una política de seguridad democrática debería combinar: seguridad + prevención + inclusión + justicia + instituciones.

 

El texto puede finalmente ser leído desde la tradición de estudios sobre democracia costarricense. Autores como Mitchell Seligson (Politólogo), John Booth, Fabrice Edouard Lehoucq (Historiador), y diversos investigadores del CIEP-UCR han estudiado la estabilidad institucional, cultura política, confianza y transformaciones del sistema político costarricense.

 

La gran pregunta que plantean indirectamente los cuatro textos de la iglesia, es si Costa Rica está atravesando una transformación de su tradicional cultura política. El análisis identifica:

 

• Polarización.
• Fragmentación.
• Violencia.
• Desigualdad.
• Desconfianza.
• Debilitamiento del tejido social.
• Tensiones sobre las instituciones.

 

Esto permite hablar de una posible transición: de una democracia caracterizada por altos niveles históricos de confianza institucional hacia una democracia más conflictiva, fragmentada y personalizada. No significa necesariamente que Costa Rica esté dejando de ser democrática. Significa que la calidad de la democracia se encuentra bajo presión.

 

Desde las Ciencias Políticas, nuestro análisis, permite incluso intersecar, elementos del análisis y la reflexión teológica: Víquez representa la opción por los pobres; Salazar la defensa antropológica de la persona; Garita la fraternidad y reconciliación; y la Conferencia Episcopal el bien común y la paz social.

Desde las ciencias políticas aparece una tensión que el texto teológico no desarrolla completamente. Los cuatro textos, quieren simultáneamente: unidad + justicia + libertad + pluralismo.

 

Pero estos objetivos pueden entrar en conflicto. Por ejemplo:

 

-          Demasiada búsqueda de unidad puede reducir el pluralismo.

-          Demasiada polarización puede destruir la cohesión.

-          Demasiada confrontación puede debilitar las instituciones.

-          Demasiado consenso puede ocultar conflictos reales.

-          Demasiada defensa de una identidad puede excluir al diferente.

-          Demasiada institucionalidad puede convertirse en burocratización.

-          Demasiada movilización popular puede transformarse en populismo.

 

Éste es precisamente el problema de la democracia contemporánea. La democracia no consiste en eliminar el conflicto. Consiste en institucionalizarlo. Ésta es una idea que puede encontrarse, con diferentes formulaciones, desde Chantal Mouffe hasta Habermas.

 

Una sociedad democrática saludable no necesita que todos piensen igual. Necesita que puedan discrepar sin destruirse mutuamente. La lectura del análisis, permite construir una doble advertencia:

 

A) Primera advertencia: contra el autoritarismo: Los discursos defienden:

 

-          Libertad de pensamiento.

-          Participación.

-          Diálogo.

-          Instituciones.

-          Pluralismo.

-          Ciudadanía.

Esto es incompatible con una democracia de tipo autoritario.

 

B) Segunda advertencia: contra el populismo: Pero también existe una advertencia contra la apropiación del concepto de pueblo. El análisis es explícito en que escuchar al pueblo no significa decir: “Yo soy el pueblo”. Eso constituye una defensa del pluralismo frente al populismo. Aquí convergen Mouffe, Müller, Levitsky y Ziblatt, aunque desde tradiciones teóricas diferentes.

 

También es posible introducir a Niklas Luhmann. La sociedad moderna está diferenciada en sistemas relativamente autónomos:

 

-          Política.

-          Economía.

-          Derecho.

-          Religión.

-          Ciencia.

-          Educación.

-          Medios.

 

La Iglesia pertenece funcionalmente al sistema religioso, pero puede generar irritaciones en el sistema político. Esto explica una característica de los cuatro textos: la Iglesia habla desde fuera del sistema político partidario, pero intenta influir sobre él.

 

No necesita convertirse en partido. Su función política puede consistir precisamente en introducir preguntas que la lógica política tiende a excluir.  Por ejemplo: ¿Quién sufre?; ¿Quién queda excluido?; ¿Qué ocurre con los pobres?; ¿Qué sucede con la dignidad?; ¿Qué pasa con quienes no tienen poder? El padre Víquez, formula precisamente esa lógica cuando afirma que detrás de las estadísticas existen familias y detrás de las decisiones públicas existen personas concretas.

 

Desde la ciencia política, uno de los puntos más importantes es que la Iglesia no debería convertirse en una extensión del gobierno ni de la oposición. El análisis proporciona elementos para defender esta autonomía.

 

La Iglesia puede:

-          Apoyar una política pública.

-          Criticar otra.

-          Defender una institución.

-          Denunciar una injusticia;

-          Cuestionar a la oposición;

-          Cuestionar al gobierno.

 

Pero si pierde su autonomía crítica, pierde parte de su autoridad moral. Aquí puede recuperarse la tradición de Alexis de Tocqueville, quien observó la importancia de asociaciones intermedias para impedir que el Estado absorba toda la vida social. La Iglesia puede desempeñar precisamente esa función de contrapeso social.

 

El documento introduce además una dimensión particularmente contemporánea: inteligencia artificial, trabajo y poder tecnológico. Plantea una pregunta fundamental: ¿Qué ocurre cuando la persona deja de ser solamente trabajador, ciudadano o consumidor y se convierte también en dato, perfil algorítmico o sujeto de decisiones automatizadas?

 

Desde las relaciones internacionales, ésta es una cuestión de gobernanza global. La inteligencia artificial está produciendo una concentración extraordinaria de poder en:

 

-          Grandes corporaciones tecnológicas.

-          Estados.

-          Plataformas digitales.

-          Propietarios de datos.

-          Desarrolladores de modelos.

-          Infraestructuras computacionales.

 

Autores como Joseph Nye, Susan Strange (Internacinalista), Henry Farrell (Internacionalista); y Abraham Newman (Politólogo), permiten comprender estas transformaciones como nuevas formas de poder estructural y de interdependencia.

 

La pregunta deja de ser únicamente: ¿Quién gobierna Costa Rica? Y comienza a ser: ¿Quién controla las infraestructuras tecnológicas de las que depende Costa Rica? Éste es un problema de soberanía contemporánea.

Los cuatro textos pueden ser entendidos como diferentes respuestas a una misma crisis: una crisis de representación, legitimidad y cohesión social: Víquez responde: hay que escuchar al excluido. Salazar: hay que defender una concepción de la persona.; Garita: hay que reconstruir el vínculo social. La Conferencia Episcopal: hay que reconstruir el bien común y las instituciones.

 

Desde la ciencia política, esas cuatro respuestas pueden integrarse en una sola ecuación: Democracia = representación + participación + derechos + justicia social + pluralismo + instituciones + cohesión.

 

Si falta representación, aparece la desafección. Si falta participación, aparece la impotencia ciudadana. Si faltan derechos, aparece la exclusión. Si falta justicia social, aparece la desigualdad política. Si falta pluralismo, aparece el autoritarismo. Si faltan instituciones, aparece la personalización del poder. Si falta cohesión, aparece la fragmentación. Y si desaparece el diálogo, la política puede transformarse en guerra cultural permanente.

 

La mayor riqueza política del texto consiste en que no presenta a la Iglesia simplemente como un actor conservador o progresista. Los cuatro discursos contienen elementos que atraviesan las categorías tradicionales izquierda/derecha.

 

Víquez introduce una preocupación por: pobreza + redistribución + participación. Salazar lo hace por: vida + familia + libertad religiosa + valores. Garita expone: nación + fraternidad + reconciliación. Finalmente, la Conferencia Episcopal de Costa Rica: instituciones + diálogo + paz social.

 

Por eso sería metodológicamente pobre clasificar a la Iglesia simplemente como “de derecha” o “de izquierda”. La categoría más adecuada es: actor de autoridad moral que disputa el sentido de la comunidad política y participa en la construcción de la agenda pública.

 

El análisis, leído desde las ciencias políticas, termina planteando una cuestión mucho más profunda que la relación Iglesia-gobierno: ¿Qué tipo de democracia quiere construir Costa Rica? Una democracia reducida a elecciones, marketing político y liderazgo personalista.  O una democracia donde:

 

-          El ciudadano pueda disentir.

-          El pobre tenga voz.

-          Las instituciones tengan autonomía.

-          El gobierno acepte límites.

-          La oposición sea legítima.

-          La Iglesia pueda criticar al poder.

-          Las universidades puedan pensar libremente.

-          Las minorías sean protegidas.

-          las políticas económicas sean evaluadas por sus efectos sociales;

-          La fraternidad tenga consecuencias institucionales.

 

El propio análisis suministra una fórmula particularmente poderosa: no puede existir fraternidad sin justicia, justicia sin dignidad, dignidad sin derechos y paz sin justicia. Desde la ciencia política podría traducirse así: No existe democracia de calidad sin ciudadanía social; no existe ciudadanía social sin derechos; no existen derechos efectivos sin instituciones; no existen instituciones legítimas sin pluralismo; y no existe estabilidad democrática duradera cuando amplios sectores sienten que el sistema político no los representa.

 

Ésta es, a nuestro juicio, la principal aportación política que puede extraerse de los cuatro pronunciamientos. No constituyen un programa partidario. Constituyen algo políticamente más interesante: una disputa por el significado de democracia, pueblo, autoridad, justicia, nación y bien común en la Costa Rica contemporánea.

 

 

V

Un análisis y reflexión de los 100 días de la administración de Laura Fernández, desde los cuatro mensajes de la iglesia y las tesis del filósofo de la liberación, Enrique Dussel.

 

Vamos a dar un paso más: el filósofo de la liberación, Enrique Dussel, introduce una pregunta que radicaliza tanto la Doctrina Social de la Iglesia como la Teología de la Liberación: ¿el poder político está produciendo, reproduciendo y desarrollando la vida de la comunidad, o está generando nuevas víctimas y formas de exclusión?

 

El análisis que hemos expuesto, ya ofrece el punto de partida: coloca en el centro la dignidad humana, los pobres, la participación, la democracia, la fraternidad, el bien común y la crítica a las estructuras que producen exclusión.

 

El balance tradicional de los primeros 100 días de un gobierno suele hacerse mediante indicadores de gestión: proyectos de ley, ejecución presupuestaria, seguridad, empleo, crecimiento, inversión, infraestructura o popularidad presidencial.

 

Dussel obligaría a formular una pregunta distinta: ¿Qué está ocurriendo con la vida concreta de los seres humanos como consecuencia del ejercicio del poder político? Esta pregunta coincide de manera extraordinariamente cercana con el contenido del documento presentado, particularmente con la afirmación de que detrás de cada estadística existe una familia, detrás de cada impuesto existe una mesa y detrás de cada decisión pública existe un trabajador.

 

Desde la Ética de la Liberación, esto significa desplazar el centro del análisis:

 

-          Del Gobierno → al pueblo.

-          Del indicador → a la vida.

-          Del poder → a sus efectos.

-          De la mayoría → también a las víctimas.

-          De la eficacia administrativa → a la dignidad humana.

 

Dussel desarrolla precisamente una ética cuyo principio material fundamental es la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad. Su ética adquiere carácter crítico cuando descubre que las instituciones, normas o sistemas producen víctimas.

 

Por ello, los primeros 100 días de Laura Fernández no deberían evaluarse únicamente preguntando si el Gobierno ha gobernado, sino preguntando para quién ha gobernado y qué tipo de sociedad está produciendo su ejercicio del poder.

 

La primera gran categoría de Dussel es el principio material de la vida. Una política es éticamente defendible, cuando contribuye a producir, reproducir y desarrollar la vida humana. No basta, por tanto, que una decisión sea jurídicamente válida, administrativamente eficiente o políticamente popular.

 

Debe preguntarse:

-          ¿Mejora la vida de las personas?

-          ¿Protege a los más vulnerables?

-          ¿Genera trabajo digno?

-          ¿Reduce la exclusión?

-          ¿Amplía las posibilidades materiales de las familias?

-          ¿Fortalece la educación?

-          ¿Protege la salud?

-          ¿Garantiza seguridad sin sacrificar derechos?

-          ¿Fortalece la participación ciudadana?

 

La Ética de la Liberación de Dussel parte precisamente de la realidad material de quienes sufren la imposibilidad de vivir plenamente. Aquí aparece una primera tensión con el modelo político de Laura Fernández.

 

La información reciente sobre sus primeros 100 días muestra que la seguridad constituye uno de los ejes centrales de su administración, acompañada de una política de "mano dura", reformas penitenciarias y una confrontación creciente con el Poder Judicial.

 

Dussel no permitiría rechazar automáticamente una política de seguridad. Al contrario: la seguridad también es una condición de reproducción de la vida. Pero formularía una pregunta mucho más profunda: ¿Seguridad para quién, mediante qué medios y con qué consecuencias sobre la vida y los derechos de la comunidad?

 

La seguridad que protege la vida es éticamente necesaria. La seguridad que convierte al otro en enemigo absoluto, que debilita instituciones o que reduce derechos en nombre de la eficacia puede terminar produciendo nuevas víctimas.

 

Aquí se encuentra probablemente el aporte más importante de Dussel al análisis presentado. El documento habla de:

 

-          Pobres.

-          Trabajadores.

-          Campesinos.

-          Jóvenes.

-          Familias.

-          Ciudadanos.

-          Personas vulnerables.

-          Sectores con "voz pequeña".

Dussel diría: hay que convertir estas categorías sociales en sujetos políticos concretos y preguntar quién está siendo víctima de las estructuras existentes. Para Dussel, la víctima no es simplemente "una persona pobre".

 

Es aquel sujeto cuya vida resulta negativamente afectada por el funcionamiento de una totalidad social que pretende presentarse como legítima. Por eso la pregunta desde Dussel, no sería: ¿Cuántas personas pobres hay? Sino: ¿Qué estructuras económicas, políticas, institucionales y culturales producen y reproducen esa pobreza?

 

Esta es precisamente la pregunta que el análisis identifica como diferencia entre caridad, justicia y liberación: la caridad pregunta cómo ayudar; la justicia pregunta por qué alguien necesita ayuda; la liberación pregunta qué estructuras producen esa situación.

 

Aquí los primeros 100 días de Fernández deben someterse a una prueba mucho más exigente. No basta saber si hubo programas para pobres. Hay que determinar si las políticas públicas: reducen las causas estructurales de la exclusión o simplemente administran sus consecuencias.

 

El análisis tiene una fuerte matriz de la Teología de la Liberación. Víquez coloca al pobre en el centro; Medellín introduce la cuestión estructural; Gutiérrez pregunta por las causas de la pobreza; Puebla convierte al pobre en sujeto de especial atención.

 

Dussel permite llevar esta tradición todavía más lejos. Su formulación madura sustituye progresivamente la simple metáfora de "liberar a los pobres" por el imperativo "liberar a las víctimas". La razón es importante: no todas las víctimas son reducibles a la categoría económica de pobreza. Hay víctimas de exclusión política, institucional, cultural y social.

 

Por eso, aplicado a Costa Rica, el análisis de los primeros 100 días tendría que identificar: ¿Quiénes son las víctimas del actual orden político? Podrían encontrarse —según el problema concreto que se investigue— entre:

 

-          Trabajadores precarizados.

-          Personas desempleadas.

-          Jóvenes sin oportunidades.

-          Comunidades territorialmente excluidas.

-          Campesinos.

-          Trabajadores informales.

-          Familias afectadas por el costo de vida.

-          Víctimas de la violencia criminal.

-          Personas excluidas de servicios públicos.

-          Ciudadanos cuyos derechos son debilitados.

-          Grupos sin capacidad efectiva de incidencia política.

 

El Gobierno podría responder que está actuando precisamente para protegerlos. Y aquí Dussel introduciría la segunda pregunta: ¿Las políticas diseñadas para protegerlos están efectivamente aumentando su capacidad de vivir y participar, o están convirtiéndolos en objetos de asistencia, control o representación?

 

Aquí la teoría política de Dussel permite hacer una crítica particularmente fuerte del gobierno de Laura Fernández. Dussel distingue entre: Potentia: es el poder originario de la comunidad política. Es decir: el pueblo como fuente del poder.

 

Por otro lado, está la Potestas: Es la institucionalización de ese poder:

 

-          Gobierno;

-          Asamblea Legislativa;

-          Tribunales.

-          Burocracia.

-          Instituciones.

-          Autoridades.

 

La potestas es necesaria. Pero contiene un peligro: puede separarse de la comunidad que le dio origen y comenzar a comportarse como si fuera la fuente del poder. Dussel denomina esto fetichización del poder.

 

Esta distinción resulta fundamental para analizar los primeros 100 días de Fernández. Porque el problema no es que el Ejecutivo ejerza poder. El problema aparece cuando el poder institucional comienza a considerarse autónomo respecto del pueblo y de las instituciones que deben limitarlo.

 

El texto del padre Jeison Víquez presentado, contiene una expresión extraordinariamente ligada a Dussel: "Escuchen al pueblo". El análisis explica que esta expresión no debe confundirse con populismo: escuchar al pueblo significa participación, deliberación, reconocimiento del diferente, fortalecimiento institucional y protección de las minorías.

 

Dussel permite profundizar esto mediante el concepto de poder obediencial. El gobernante no es dueño del poder. Es su representante. La autoridad debe ejercer la potestas de manera obediencial, es decir, como servicio a la comunidad. Dussel contrapone el político que "manda obedeciendo" al político que "manda mandando".

 

Por tanto, la pregunta para Fernández sería: ¿Los primeros 100 días muestran un gobierno que escucha al pueblo o un gobierno que interpreta unilateralmente qué quiere el pueblo? Esta diferencia es decisiva. Porque existe una enorme distancia entre: "El pueblo quiere esto porque yo lo interpreto" y: "El pueblo tiene derecho a participar, deliberar, cuestionar y controlar el ejercicio del poder".

 

La primera fórmula puede derivar en populismo. La segunda corresponde a una democracia participativa. Dussel ofrece aquí uno de sus conceptos más fuertes. La potestas se fetichiza cuando olvida que su poder, procede del pueblo y comienza a considerarse fuente autónoma de legitimidad.

 

En 20 tesis de política, Dussel sostiene que la fetichización implica que el poder institucional se afirma sobre la comunidad y termina debilitando la potentia popular. Esto ofrece una hipótesis crítica sobre el gobierno de Fernández: Si el Ejecutivo fortalece la ciudadanía, las instituciones y la participación: potentia → potestas → servicio → fortalecimiento del pueblo.

 

Si el Ejecutivo concentra poder, deslegitima controles y convierte la voluntad presidencial en voluntad popular: potentia → potestas → fetichización → dominación. El conflicto de Fernández con el Poder Judicial, vuelve particularmente relevante esta categoría. La prensa internacional ha señalado tensiones importantes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, incluyendo propuestas de reforma judicial y cuestionamientos presidenciales a la independencia institucional.

Desde Dussel, la cuestión no consiste en asumir que el Poder Judicial es perfecto —obviamente no lo es—, sino en formular otra pregunta: ¿La crítica al Poder Judicial busca democratizarlo o debilitar una mediación institucional que limita el poder presidencial?

Son dos cosas radicalmente diferentes. El análisis presentado contiene una tesis particularmente importante: los obispos exigen respeto, independencia y cooperación entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Esta tesis coincide con la preocupación de Dussel por evitar la fetichización de la potestas. Para este filósofo de la liberación, las instituciones son necesarias. No existe una democracia liberadora basada simplemente en "el pueblo" contra las instituciones.

 

Esto sería caer en un populismo “de corte espontáneo”. El pueblo necesita instituciones. Pero las instituciones deben permanecer al servicio de la comunidad política. Por eso el problema de los primeros 100 días no puede formularse simplemente: Ejecutivo versus Poder Judicial.

 

La pregunta correcta sería: ¿Cómo construir instituciones que respondan al pueblo sin destruir los mecanismos institucionales que protegen al pueblo frente al poder? Ésta es una pregunta profundamente unida al pensamiento de Enrique Dussel.

 

Aquí la lectura de Dussel resulta especialmente interesante para el discurso de "mano dura". La víctima del crimen es una víctima real. El ciudadano asesinado, extorsionado, amenazado o desplazado por el narcotráfico tiene derecho a que el Estado proteja su vida.

 

Pero Dussel obliga a realizar una segunda operación crítica: ¿Qué estructuras producen la violencia? Por eso una política de liberación no puede reducir la seguridad a: más policía sumado a, más cárceles, sumado a, penas más severas.

 

Debe preguntar por:

 

-          Desigualdad.

-          Exclusión territorial.

-          Juventud sin oportunidades.

-          Economía ilícita.

-          Narcotráfico.

-          Corrupción institucional.

-          Lavado de dinero.

-          Desempleo.

-          Educación.

-          Marginalidad.

-          Estructuras internacionales del crimen.

 

El propio análisis señala que una lectura desde la Teología de la Liberación, debe preguntar por las estructuras económicas, políticas y sociales que producen la exclusión. Y aquí Dussel aporta una conclusión: combatir al criminal sin transformar las condiciones que reproducen la criminalidad puede controlar el síntoma sin transformar suficientemente la estructura.

 

Otro de los grandes puntos del análisis es la crítica a una concepción economicista del desarrollo. El análisis, afirma que el Estado necesita responsabilidad fiscal, pero que también necesita justicia; el equilibrio presupuestario no puede conseguirse desequilibrando las mesas familiares.

 

Dussel permite radicalizar esta afirmación. La pregunta no es: ¿Es fiscalmente eficiente una política? Sino: ¿Es fiscalmente responsable y, simultáneamente, compatible con la reproducción y desarrollo de la vida humana?

 

Una política económica puede ser técnicamente eficiente y éticamente negativa si:

 

-          Aumenta la exclusión.

-          Deteriora la alimentación.

-          Precariza el trabajo.

-          Reduce oportunidades.

-          Profundiza desigualdades territoriales.

-          Transfiere los costos hacia quienes tienen menor capacidad económica.

 

 

Por eso, desde Dussel, el presupuesto nacional debe ser leído como un mapa político de prioridades éticas. Cada partida presupuestaria expresa, en cierta medida: ¿Qué vidas considera prioritarias el Estado?

 

Aquí aparece una conclusión metodológica importante. Un gobierno puede presentar:

 

-          Estabilidad fiscal.

-          Crecimiento.

-          Reducción de determinados indicadores.

-          Grandes proyectos.

-          Nuevas cárceles.

-          Reformas administrativas.

-          Leyes aprobadas.

-          Alta popularidad.

 

Y, sin embargo, Dussel preguntaría: ¿Qué ocurre con aquellos que quedan fuera de esos indicadores? La Ética de la Liberación comienza precisamente allí donde el sistema muestra su negatividad: allí donde aparecen las víctimas.

 

Por eso los 100 días deberían tener dos balances:

 

A) Balance del sistema: ¿Qué ha logrado el Gobierno?

 

B) Balance de las víctimas: ¿Quiénes siguen sin poder vivir dignamente?

 

Y el segundo balance es éticamente indispensable. Dussel tampoco permitiría reducir la democracia al voto. La legitimidad electoral es necesaria, pero insuficiente. El poder político debe conservar un vínculo permanente con la comunidad.

 

Esto conecta directamente con el documento, que sostiene que la democracia no debe reducir al ciudadano al acto de votar y que requiere participación, organización, deliberación e influencia. Así, los 100 días de Fernández deberían evaluarse también por: participación + deliberación + transparencia + control + pluralismo + rendición de cuentas.

 

La pregunta de Dussel sería: ¿El pueblo es sujeto político o solamente elector? Si el ciudadano aparece solamente durante las elecciones y desaparece después, existe una democracia electoral, pero debilitada en su dimensión participativa.

 

Este punto es particularmente importante para analizar el continuismo político asociado al chavismo. Dussel no identifica automáticamente pueblo con líder. Al contrario: el pueblo es la fuente del poder y el gobernante es representante.

 

Por ello, una fórmula como: Gobierno = pueblo debe ser mirada con enorme sospecha. El pueblo es plural, heterogéneo y contradictorio. Por eso, cuando un gobernante afirma hablar en nombre de "el verdadero pueblo" y convierte a quienes discrepan en enemigos del pueblo, se produce una operación de exclusión política.

 

El análisis presentado ya formula esta advertencia al distinguir entre escuchar al pueblo y afirmar "yo soy el pueblo". Dussel permite agregar: cuando el representante se identifica con el representado, la representación corre el riesgo de convertirse en fetichismo del poder.

 

El análisis no presenta a la Iglesia como un partido político. La presenta como un actor moral que interviene en la definición de los problemas nacionales. Desde Dussel, esto puede interpretarse como una función crítica de exterioridad.

La Iglesia puede recordar al Estado: la persona está antes que el sistema; el pobre no es un residuo estadístico; el ciudadano no es simplemente un elector; el gobernante no es dueño del pueblo; las instituciones no son fines en sí mismas.

 

Esto coincide con la conclusión del análisis: el gobernante administra una responsabilidad pública y la autoridad está limitada por la dignidad humana. Pero Dussel agregaría una exigencia: la crítica debe escuchar a las víctimas reales y organizar su voz política.

 

Aquí conviene hacer una precisión académica. La Doctrina Social de la Iglesia y Dussel pueden coincidir en:

 

 

-          Dignidad humana.

-          Crítica a la exclusión.

-          Prioridad del pobre.

-          Bien común.

-          Justicia.

-          Solidaridad.

-          Participación;

-          Crítica de la concentración del poder.

 

Pero no son idénticos. La DSI parte de una antropología teológica y cristiana. Dussel desarrolla una filosofía de la liberación latinoamericana que, aunque profundamente influida por el cristianismo, Marx, Levinas y otras corrientes, formula una teoría crítica propia.

 

Por ello, Dussel no simplemente "confirma" el análisis. Lo radicaliza. La DSI dice: La política debe servir a la persona y al bien común.  Dussel pregunta: ¿Quién está siendo excluido por ese sistema y qué estructuras producen su exclusión?

 

 La DSI dice:  Hay que escuchar al pobre. Dussel dice: El pobre/víctima debe convertirse en sujeto político de liberación. La DSI dice: El poder debe servir. Dussel dice: El poder debe ejercerse obediencialmente y permanecer vinculado a la potentia de la comunidad.

 

Desde una perspectiva de Dussel, los primeros 100 días de Laura Fernández no deberían ser juzgados solamente por la capacidad del Gobierno para imponer su agenda, sino por su capacidad para transformar las condiciones de vida de quienes tienen menos poder.

 

Y aquí aparece una paradoja. El Gobierno puede presentar el fortalecimiento de la autoridad como una recuperación de la capacidad estatal. Pero Dussel preguntaría: ¿Fortalecimiento de qué Estado y para quién?

 

Puede presentar la seguridad como defensa de la vida. Dussel preguntaría: ¿La seguridad está acompañada por políticas que transformen las condiciones que producen violencia? Puede presentar la confrontación con instituciones como defensa del pueblo. Dussel preguntaría: ¿Se está fortaleciendo la potentia del pueblo o debilitando las mediaciones que protegen su soberanía? Puede presentar resultados económicos. Dussel preguntaría: ¿Quiénes se benefician y quiénes cargan con los costos?

 

Puede afirmar que gobierna en nombre del pueblo. Dussel preguntaría: ¿Dónde está hablando el pueblo por sí mismo?   El análisis que estamos presentando, termina planteando una tesis fundamental: no puede existir verdadera fraternidad sin justicia; no puede existir justicia sin dignidad; no puede existir dignidad sin derechos; no puede existir paz sin justicia; y no puede existir bien común cuando determinados sectores son sistemáticamente excluidos.

 

Dussel permite convertir esta tesis en un criterio político radical: no hay legitimidad plena del poder cuando el ejercicio del poder produce víctimas. La verdadera pregunta ante los 100 días de Laura Fernández, por tanto, no es simplemente: ¿Ha sido un gobierno fuerte? Sino: ¿Ha sido un gobierno al servicio de la vida?

 

Y tampoco: ¿Ha logrado imponer su proyecto político? Sino: ¿Ha conseguido que quienes históricamente tienen menos poder sean más sujetos de su propia historia? Finalmente, tampoco: ¿Ha hablado en nombre del pueblo? Sino: ¿Ha permitido que el pueblo participe, delibere, critique, controle y ejerza su potentia sobre las instituciones?

 

Ésta es la prueba decisiva de Dussel. Porque la política liberadora no consiste simplemente en ocupar el poder. Consiste en impedir que el poder se convierta en dominación, mantenerlo vinculado a la comunidad y utilizar las instituciones para producir, reproducir y desarrollar la vida.

 

En términos de Dussel, el movimiento virtuoso sería: PUEBLO (potentia) → INSTITUCIONES (potestas) → PODER OBEDIENCIAL → VIDA → JUSTICIA → FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO. El movimiento perverso sería: PUEBLO → PODER INSTITUCIONAL → AUTONOMIZACIÓN → FETICHIZACIÓN → DOMINACIÓN → PRODUCCIÓN DE VÍCTIMAS.

 

La cuestión fundamental de los 100 días de Laura Fernández queda, así, abierta: ¿Estamos ante una potestas que sirve obediencialmente a la potentia del pueblo, o ante una progresiva fetichización del poder?

 

Y esa pregunta permite unir de manera especialmente poderosa a Medellín, Gustavo Gutiérrez, la Teología de la Liberación, la Doctrina Social de la Iglesia y Enrique Dussel: la política solamente puede llamarse legítima cuando la dignidad de quienes tienen menos poder, deja de ser un discurso y se convierte en una realidad histórica. Como recuerda el padre Jeison, "escuchar al pueblo" no debe convertirse en propaganda: debe transformarse en participación, justicia y bien común.

 

 

VI

 

El análisis de los acontecimientos posteriores a los 100 días de Laura Fernández (Hasta el 3 de septiembre).

 

Ahora bien, los acontecimientos posteriores, hasta el 3 de septiembre de 2026, empiezan a mostrar algo más importante que una simple lista de medidas: el gobierno entra en una segunda etapa marcada por la confrontación institucional, la seguridad, el control de la información pública y la consolidación de su proyecto político.

 

Los principales eventos son estos:

 

1. Escalada del conflicto con el Poder Judicial: Este es probablemente el acontecimiento político más importante después de los 100 días. Fernández ha mantenido una confrontación abierta con el Poder Judicial y, particularmente, con la Sala Constitucional. La Presidenta ha planteado incluso reformas de fondo al sistema judicial, entre ellas cambios en la forma de elección de magistrados y límites a la duración de sus cargos.

 

Esto produjo una reacción social significativa: el 7 de agosto cientos de personas se manifestaron en San José en defensa de la independencia judicial. La protesta reunió a sectores universitarios, sindicales, judiciales y ciudadanos, y fue presentada como una defensa de la separación de poderes. Políticamente, esto marca un cambio cualitativo: el conflicto ya no es solamente entre Gobierno y oposición partidaria, sino entre el Ejecutivo y una institución central del Estado democrático.

 

2. El decreto sobre el "secreto de Estado" en seguridad nacional: Otro acontecimiento de enorme importancia fue el decreto mediante el cual el Gobierno amplió considerablemente el ámbito de información que puede considerarse secreto de Estado en materia de seguridad nacional.

 

La medida comprende información relacionada con presupuestos, contratos y operaciones de inteligencia. El Gobierno argumenta que busca impedir que información sensible llegue al crimen organizado; sus críticos sostienen que puede facilitar opacidad, debilitamiento de la fiscalización y restricciones al acceso a la información pública. La medida ya ha sido cuestionada jurídicamente. Desde la perspectiva de ciencia política, este episodio es especialmente importante porque introduce el problema de seguridad versus transparencia democrática.

 

3. Consolidación de la política de "mano dura": La seguridad continúa siendo el principal eje político del Gobierno. Fernández ha rechazado que Costa Rica esté siguiendo una "bukelización", pero simultáneamente ha defendido la continuidad de políticas de mano dura y ha mostrado interés en mecanismos penitenciarios y de control similares a los utilizados en El Salvador.

 

Aquí aparece una de las grandes contradicciones del proyecto Fernández: rechazar discursivamente la "bukelización", mientras se incorporan instrumentos y categorías políticas propias del modelo de seguridad de excepción.  Esto merece especial atención porque la seguridad fue uno de los principales mecanismos de legitimación política heredados del gobierno de Rodrigo Chaves.

 

4. El conflicto por la política penitenciaria: La bandera gubernamental de "Cero Ocio" también comenzó a enfrentar cuestionamientos. Una investigación de Radio UCR señala que la participación promedio mensual de personas privadas de libertad en programas de trabajo penitenciario cayó 27 % durante 2026, precisamente mientras el Gobierno convirtió el trabajo penitenciario en una de sus principales banderas. Esto resulta políticamente relevante porque muestra una posible distancia entre el discurso gubernamental y los resultados administrativos efectivos.

 

5. Mayor confrontación con medios de comunicación: Durante estos últimos días también aumentó el enfrentamiento entre la Presidencia y determinados medios. El 2 de septiembre, Fernández atacó públicamente a Canal 7 por su posición frente al proyecto para actualizar el canon de las frecuencias de radio y televisión.

 

Y La Nación publicó el 3 de septiembre un editorial titulado "El insulto como método de gobierno", señalando que tanto Fernández como Chaves utilizan recurrentemente la agresión verbal contra sus adversarios. Esto permite identificar otra característica del período posterior a los 100 días: la comunicación política de confrontación se está convirtiendo en un componente estructural del ejercicio del poder.

 

6. Deterioro de la conversación digital sobre Laura Fernández: También es significativo el cambio en la percepción digital. Un estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, realizado con Kantar IBOPE Media, analizó 832.944 menciones públicas entre el 1.º de mayo y el 16 de agosto de 2026. Según sus resultados, por primera vez los comentarios negativos sobre Fernández superaron a los positivos. Esto es importante porque significa que, al menos en el espacio digital, el capital político acumulado durante la campaña y los primeros meses comienza a experimentar desgaste.

 

7. La agenda legislativa entra en una fase más agresiva: Alrededor de los 100 días, Fernández presentó ocho nuevos proyectos de ley, buscando transformar las prioridades del Ejecutivo en legislación.

 

Esto tiene una particularidad histórica: el Partido Pueblo Soberano obtuvo 31 de los 57 diputados, una mayoría relativa, pero insuficiente para alcanzar los 38 votos necesarios en determinadas decisiones de mayoría calificada. Por eso, el segundo semestre de 2026 será decisivo para determinar si la mayoría oficialista se convierte en hegemonía legislativa efectiva o si comienza a enfrentar límites institucionales.

 

8. Nicaragua: nuevo frente de política exterior: En los primeros días de septiembre apareció además un frente internacional importante. Costa Rica condenó, junto con Perú, las reformas constitucionales nicaragüenses que permiten la perpetuación del régimen Ortega-Murillo, y Fernández manifestó disposición a respaldar medidas colectivas en el ámbito interamericano. La reacción nicaragüense fue inmediata y elevó la tensión diplomática con Costa Rica. Esto es relevante porque muestra que el Gobierno Fernández está combinando su discurso de seguridad nacional interna con una posición exterior particularmente dura frente a Nicaragua.

 

Por eso, los acontecimientos posteriores a los 100 días son quizá más reveladores que los propios 100 días. La primera etapa fue fundamentalmente de instalación del Gobierno. La segunda empieza a ser una etapa de disputa por el poder y por los límites institucionales del proyecto político de Fernández.

 

Y aquí aparece una hipótesis especialmente interesante para el análisis que hemos venido desarrollando: el gobierno de Laura Fernández podría estar transitando de un neopopulismo de derecha basado en la continuidad del Chavismo a una fase de mayor confrontación con los contrapesos institucionales.

 

El análisis, propone abandonar una evaluación puramente administrativa del Gobierno. No basta preguntar cuántos proyectos presentó Fernández, cuánto logró aprobar o qué indicadores económicos exhibe. La pregunta teológica y política es: ¿Para quién se ejerce el poder y qué consecuencias tiene ese poder sobre la vida concreta de las personas?

 

Esta perspectiva procede de una matriz que articula Gaudium et Spes, Medellín, Puebla, la Teología de la Liberación, la Doctrina Social de la Iglesia y Dussel. El análisis, formula el desplazamiento de esta manera: pasar del Gobierno al pueblo, del indicador a la vida, del poder a sus efectos, de la mayoría también a las víctimas y de la eficacia administrativa a la dignidad humana.

Por tanto, los acontecimientos posteriores a los 100 días adquieren otro significado. No son acontecimientos aislados. Pueden interpretarse como pruebas concretas de cómo entiende el Gobierno la relación entre autoridad, pueblo, instituciones, seguridad y libertad.

 

Si regresamos al conflicto con el Poder Judicial, este es, desde Dussel, probablemente el acontecimiento más importante. La potestas es necesaria. Una sociedad democrática necesita instituciones. Pero aparece un peligro cuando las instituciones se separan de la comunidad que les dio origen y comienzan a comportarse como si fueran la fuente del poder. Dussel denomina esto fetichización del poder.

 

Aquí el conflicto Fernández–Poder Judicial adquiere una dimensión mucho mayor. La pregunta no sería simplemente: ¿Tiene razón Fernández o tiene razón la Corte? La pregunta de Dussel sería: ¿El conflicto fortalece el poder democrático del pueblo o debilita las mediaciones institucionales mediante las cuales el pueblo controla el poder?

 

El propio análisis señala que escuchar al pueblo implica:

 

-          Participación.

-          Deliberación.

-          Reconocimiento del diferente.

-          Fortalecimiento institucional.

-          Protección de las minorías.

-          Ampliación de ciudadanía.

 

Por eso, invocar al pueblo contra las instituciones no es necesariamente democrático. Puede serlo si significa democratizar instituciones que efectivamente se han alejado de la ciudadanía. Pero puede convertirse en populismo si significa: «Yo interpreto al pueblo y, por tanto, quien se opone a mí se opone al pueblo».

 

Ahí aparece la advertencia de Fratelli Tutti: el pueblo es una realidad plural y viva, y no puede ser instrumentalizado por un dirigente para justificar un proyecto de concentración de poder. La tradición analizada en el documento exige que el poder sea servicio, no dominación.

 

Santo Tomás entiende la autoridad política como ordenada al bien común. Dussel radicaliza la cuestión: el gobernante no es propietario del poder, sino su representante. Por eso desarrolla la noción de poder obediencial: el político debe mandar obedeciendo, no simplemente mandar mandando. Desde esta perspectiva, el problema del Gobierno Fernández no sería su fortaleza. El problema sería qué hace con esa fortaleza.

 

El decreto sobre secreto de Estado plantea una segunda prueba. El Gobierno puede presentar la medida como una necesidad de seguridad frente al crimen organizado. Pero el análisis obliga a introducir otra pregunta: ¿Puede protegerse la vida debilitando las condiciones democráticas que permiten controlar al poder?

 

La respuesta del análisis, es particularmente importante: no puede existir dignidad sin derechos, ni paz sin justicia, ni bien común cuando sectores determinados son sistemáticamente excluidos. Esto permite construir una crítica mucho más precisa: La seguridad es un bien. Pero la seguridad no es un absoluto.

Desde la Doctrina Social de la Iglesia y Dussel, el Estado debe proteger la vida, pero esa protección no puede convertir al ciudadano en objeto de vigilancia, control o administración. Por eso la pregunta sería: ¿La política de seguridad aumenta la capacidad de las personas para vivir libremente o aumenta fundamentalmente la capacidad del Estado para controlar?

 

El análisis formula precisamente esta tensión: una política puede presentarse como protección de las víctimas y, sin embargo, debe examinarse si realmente aumenta su capacidad de vivir y participar o si las convierte en objetos de asistencia, control o representación. Ese criterio es extraordinariamente potente para analizar el secreto de Estado.

 

La política de seguridad constituye una de las mayores continuidades entre el proyecto de Rodrigo Chaves y el de Laura Fernández. El análisis advierte que Fernández puede presentar la seguridad como defensa de la vida, pero Dussel obligaría a realizar una pregunta más profunda: ¿La seguridad está acompañada por políticas que transformen las condiciones que producen violencia?

 

Aquí aparece una diferencia fundamental. Una política puramente punitiva puede combatir determinadas manifestaciones de la violencia. Pero la perspectiva de la Teología de la Liberación pregunta: ¿Qué produce la violencia? Y entonces aparecen otras dimensiones:

 

-          Exclusión.

-          Desigualdad.

-          Desempleo.

-          Precariedad;

-          Ausencia de oportunidades.

-          Territorios abandonados.

-          Debilitamiento educativo.

-          Economías ilícitas.

-          Fragmentación familiar y comunitaria.

 

Por eso el análisis distingue entre caridad, justicia y liberación: la caridad pregunta cómo ayudar; la justicia pregunta por qué alguien necesita ayuda; la liberación pregunta qué estructuras producen esa situación.

 

Aplicado a la seguridad:

 

-          Represión → puede contener el delito.

-          Justicia → pregunta por sus causas.

-          Liberación → busca transformar las estructuras que producen víctimas.

 

 

 

Desde este punto de vista, una política de "mano dura" sería insuficiente si no va acompañada de una política integral de desarrollo humano. El caso penitenciario es particularmente interesante. El análisis recuerda que la participación promedio mensual de personas privadas de libertad en programas de trabajo penitenciario habría disminuido 27 % durante 2026, mientras el Gobierno mantiene "Cero Ocio" como bandera.

 

Aquí la tradición social católica ofrece un criterio distinto al puramente punitivo. Desde León XIII, Thiel, Sanabria y la Doctrina Social, el trabajo posee una dimensión antropológica: no es solamente castigo ni mecanismo de productividad. Es una dimensión de la dignidad.

 

Por ello habría que preguntar: ¿"Cero Ocio" busca realmente rehabilitar seres humanos o fundamentalmente disciplinar cuerpos? Desde Dussel, la pregunta sería todavía más radical: ¿La persona privada de libertad es tratada como sujeto capaz de reconstruir su vida o como objeto del sistema penitenciario?

 

Esta diferencia es fundamental. La liberación no consiste únicamente en sacar a alguien de una condición material determinada. Consiste en devolverle capacidad de ser sujeto de su propia historia.

 

Aquí el discurso del padre Jeison Víquez contenido en el análisis adquiere una enorme actualidad. El texto afirma que una democracia necesita ciudadanos capaces de:

 

-          Cuestionar al Gobierno.

-          Cuestionar a la oposición.

-          Cuestionar a la Iglesia.

-          Cuestionar al mercado.

-          Cuestionar a los medios.

-          Incluso cuestionar sus propias convicciones.

 

Por tanto, el problema no es que los medios critiquen al Gobierno. El problema tampoco es que el Gobierno critique a los medios. El problema aparece cuando la crítica política se transforma en una lógica de enemigos.

 

El análisis insiste en que Fratelli Tutti entiende el diálogo como condición de una sociedad democrática y que quienes se encuentran en las periferias pueden percibir aspectos de la realidad invisibles desde los centros de poder.

 

Por ello, la confrontación permanente con medios de comunicación puede ser interpretada como un déficit de cultura democrática si la crítica deja de ser argumentativa y se convierte en deslegitimación sistemática del adversario.

 

La pregunta sería: ¿Puede un Gobierno decir que escucha al pueblo mientras descalifica sistemáticamente a quienes cuestionan su interpretación del pueblo? Desde el análisis, la respuesta sería problemática.

 

El dato sobre el deterioro de la conversación digital adquiere también otra dimensión. El análisis advierte que pueblo no significa masa homogénea. La Teología del Pueblo entiende el pueblo como una realidad plural, con:

 

-          Memoria.

-          Cultura.

-          Identidad.

-          Religiosidad.

-          Historia.

-          Diferencias.

-          Capacidad de construcción colectiva.

 

Por tanto, una caída de la valoración digital no significa automáticamente que Fernández haya perdido legitimidad democrática. Las redes sociales no son equivalentes al pueblo. Eso sí, aquí cabe una profundización del concepto de legitimidad: de ella, hay dos dimensiones: la legitimidad de derecho y la legitimidad de hecho.

 

La primera, es la que determina la Constitución Política: el porcentaje de votos válidos que se requieren para acceder al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, en efecto, el Partido Pueblo Soberano y, su candidata: Laura Fernández, supera el límite del 40 % de los votos válidos, para ganar las elecciones presidenciales y cómo ya hemos visto, en el ámbito de las elecciones legislativas, el PPSO, logró mayoría simple.

 

La segunda (La legitimidad de hecho), es la aceptación, que se construye o se pierde, en el ejercicio cotidiano del poder. La valoración digital, es evidencia de este tipo de legitimidad, es decir, hay prueba de la erosión de la legitimidad de hecho, en la administración Fernández Salgado.

 

En suma: estamos ante una señal política. La cuestión importante sería si el Gobierno interpreta toda crítica como una conspiración de élites, medios o adversarios. Si eso ocurriera, aparecería justamente el peligro señalado por el análisis: confundir al pueblo real —plural y contradictorio— con la imagen del pueblo construida por el poder.

 

El Gobierno dispone de 31 diputados de 57. El análisis señala que esa mayoría es importante, pero no alcanza por sí misma los 38 votos necesarios para determinadas decisiones de mayoría calificada. Desde Dussel, esto es crucial. Una mayoría electoral produce legitimidad de origen. Pero no otorga al Gobierno un cheque en blanco. La democracia no consiste solamente en contar votos. La democracia también implica:

 

-          Derechos.

-          Minorías.

-          Deliberación.

-          Instituciones.

-          Control.

-          Participación.

-          Pluralismo.

 

El análisis es explícito: escuchar al pueblo significa permitirle participar, deliberar, criticar, controlar y ejercer su potentia sobre las instituciones.   Así, la mayoría oficialista puede utilizarse de diversas maneras. Entramos así, en algo cotidiano en el análisis político: veamos escenarios:

 

-          Primer escenario: que las cosas se mantengan como están.

-          Segundo escenario: Mayoría → imposición → debilitamiento de contrapesos → concentración → fetichización del poder.

-          Tercer escenario (Escenario del “deber ser”): Mayoría → negociación → deliberación → reforma institucional → bien común.

 

El futuro del Gobierno dependerá en buena medida de cuál de estos escenarios prevalezca. A hoy (Al momento de redactar este texto análisis y reflexión), hay una interacción, entre el primer y segundo escenario.

 

Con esto, dicho, vamos al tema de la política exterior, del que ye hemos hablado: El episodio nicaragüense también puede leerse desde el análisis. La condena a las reformas constitucionales de Nicaragua y la postura más dura del Gobierno Fernández pueden ser compatibles con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

 

Pero la doctrina social católica introduciría una exigencia adicional: la defensa de la democracia fuera de Costa Rica debe ser coherente con la defensa de la democracia dentro de Costa Rica. Esto es especialmente importante.

 

No basta condenar la concentración del poder en otro país. El principio debe ser universal: el poder necesita límites porque la dignidad humana necesita protección. Por ello, desde el marco del documento, la política exterior hacia Nicaragua puede ser legítima si está orientada a: derechos humanos + democracia + soberanía + paz + solidaridad regional. Pero pierde fuerza ética si se utiliza únicamente como instrumento de confrontación política.

 

La homilía de monseñor José Manuel Garita, introduce otro criterio decisivo: fraternidad. Pero el propio análisis advierte que fraternidad no puede significar simplemente ausencia de conflicto. Una democracia contiene intereses diferentes y legítimos.

 

La solución no es eliminar el conflicto. Es transformarlo en: conflicto democrático → diálogo → negociación → participación → bien común. Esto es extraordinariamente pertinente para Fernández.

 

Un Gobierno democrático no tiene que reconciliarse con la oposición abandonando sus convicciones. Tiene que reconocer que la oposición también forma parte del pueblo. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre democracia y populismo: La oposición no es anti-pueblo. También forma parte del pueblo.

 

En una apretadísima síntesis: podemos retornar a Dussel, que, con una pregunta, resume todo este análisis: ¿El poder sirve al pueblo o se está convirtiendo en dominación? El análisis, proporciona una tesis que permite interpretar conjuntamente todos estos acontecimientos: No existe verdadera fraternidad sin justicia; no existe justicia sin dignidad; no existe dignidad sin derechos; no existe paz sin justicia; y no existe bien común cuando determinados sectores son sistemáticamente excluidos.

 

Si aplicamos esa lógica, al Gobierno Fernández obtenemos algo muy significativo:

 

-          Seguridad sin derechos → problema.

-          Mayoría sin deliberación → problema.

-          Autoridad sin control → problema.

-          Fraternidad sin justicia → problema.

-          Pueblo sin participación → problema.

-          Desarrollo sin inclusión → problema.

-          Defensa de la democracia exterior sin contrapesos internos → contradicción.

 

Y aquí Dussel lleva la crítica hasta su punto máximo. Los acontecimientos posteriores a los 100 días permiten formular una hipótesis más fuerte que la planteada inicialmente. El Gobierno Fernández parece estar pasando de una primera fase:  "continuidad del cambio" a una segunda: "disputa por quién define legítimamente al pueblo y quién establece los límites del poder".

 

El análisis señala que la política liberadora no consiste simplemente en ocupar el poder, sino en impedir que el poder se convierta en dominación. Por eso, el problema fundamental ya no sería si Fernández tiene poder. Lo tiene (Cuando menos, en la formalidad). La pregunta es: ¿Qué hace con él?

 

Podemos finalmente aplicar exactamente el método teológico propuesto por el documento:

 

A) VER: Observamos:

 

-          Confrontación con el Poder Judicial.

-          Ampliación del secreto de Estado.

-          Política de mano dura.

-          Cuestionamientos a "Cero Ocio".

-          Enfrentamiento con medios.

-          Desgaste de la conversación digital.

-          Impulso legislativo.

-          Endurecimiento del discurso frente a Nicaragua.

 

El análisis nos enseña que este "ver" debe mirar especialmente a las víctimas, los pobres, los excluidos, los trabajadores, los jóvenes y quienes tienen menos capacidad de incidencia política.

 

B) JUZGAR: El criterio no es: ¿Es fuerte Fernández? Sino: ¿Su ejercicio del poder produce, reproduce y desarrolla la vida humana? Dussel formula precisamente este principio material de la vida como criterio de legitimidad ética. Y la Doctrina Social agrega: dignidad + derechos + justicia + bien común + solidaridad + participación.

 

C) ACTUAR: La respuesta democrática y cristiana no sería simplemente "derribar al Gobierno". Sería exigir:

 

-          Participación ciudadana.

-          Independencia institucional.

-          Transparencia.

-          Libertad de pensamiento.

-          Seguridad compatible con derechos.

-          Trabajo digno.

-          Justicia distributiva.

-          Protección de los vulnerables.

-          Diálogo.

-          Control democrático del poder.

-          Fortalecimiento de las instituciones.

 

Es decir: pueblo → instituciones → poder obediencial → justicia → vida → fortalecimiento del pueblo. La lectura del análisis permite llegar a una conclusión particularmente fuerte. Los acontecimientos posteriores a los 100 días no deberían analizarse únicamente como una sucesión de conflictos políticos. Constituyen una prueba ética del proyecto de poder de Laura Fernández.

 

La tradición que recorre el análisis —Patrística, Santo Tomás, León XIII, Thiel, Sanabria, Juan XXIII, Vaticano II, Medellín, Puebla, Teología de la Liberación, Teología del Pueblo, Francisco y León XIV— converge en una afirmación: la persona está antes que el sistema.

 

El pobre está antes que la estadística. La dignidad está antes que la eficacia.  Los derechos están antes que la razón de Estado. La participación está antes que la propaganda. El bien común está antes que el interés particular. Y el pueblo está antes que quien pretende hablar en su nombre.

 

Por eso, la pregunta decisiva que el análisis, coloca delante del Gobierno Fernández no es: ¿Puede gobernar con mano firme? Es otra: ¿Puede ejercer un poder fuerte sin convertir la fortaleza del poder en dominación?

 

Y desde Dussel, la pregunta todavía puede radicalizarse: ¿Estamos ante una potestas que "manda obedeciendo" a la comunidad, o ante una potestas que comienza a separarse de la potentia popular y a fetichizarse como poder autónomo?

 

Éste es, a nuestro juicio, el verdadero problema político-teológico que emerge después de los 100 días de Laura Fernández. No se trata todavía de afirmar que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni de equiparar automáticamente el Gobierno con un régimen autoritario.

 

El análisis no permite sostener una conclusión tan categórica. Lo que sí permite afirmar es que los conflictos recientes hacen necesario vigilar con especial atención la relación entre autoridad y límites, mayoría y minorías, seguridad y derechos, pueblo y populismo, y poder institucional y soberanía popular.

 

En una fórmula: Fernández puede tener la mayoría; pero la mayoría no es el pueblo entero. Puede tener autoridad; pero la autoridad no es propiedad. Puede ejercer poder; pero el poder no es dominación. Puede hablar en nombre del pueblo; pero el pueblo debe poder hablar también por sí mismo.

 

Y ahí se encuentran Dussel, Medellín, la Teología de la Liberación, la Teología del Pueblo y la Doctrina Social de la Iglesia: la legitimidad del poder se mide finalmente por lo que hace con quienes tienen menos poder.

 

El análisis, lo formula de manera contundente: la política solamente puede considerarse legítima cuando la dignidad de quienes tienen menos poder, deja de ser discurso y se convierte en realidad histórica.

 

 

VII

 

Conclusiones.

 

Dicho todo esto, pasemos a las conclusiones de este análisis y reflexión:

 

1. Los cuatro pronunciamientos eclesiales forman una misma preocupación de fondo: El análisis, concluye que las intervenciones del presbítero Jeison Víquez, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, monseñor José Manuel Garita y la Conferencia Episcopal no constituyen posiciones teológicas aisladas o incompatibles. Son distintas expresiones de una misma antropología cristiana centrada en la dignidad de la persona y en la responsabilidad social de la política.

 

La diferencia está en el énfasis:

 

-          Víquez: el pobre, la justicia social y la participación.

-          Salazar: la dignidad humana, la vida, la familia y la libertad.

-          Garita: fraternidad, reconciliación y diálogo.

-          Conferencia Episcopal: bien común, solidaridad, institucionalidad y paz social.

 

Por tanto, el análisis, encuentra una polifonía católica, no una fractura teológica.

 

2. El criterio fundamental es que la persona está antes que el sistema: Esta es probablemente la conclusión antropológica central. El Estado, la economía, el presupuesto, las instituciones, la tecnología y la política son medios al servicio de la persona, y no al contrario. El análisis rechaza, por tanto, una concepción de la política en la que las personas terminan subordinadas a indicadores económicos, estructuras administrativas o intereses de poder.

 

La fórmula que sintetiza esta perspectiva es: persona → dignidad → bien común → política → economía y no: economía → presupuesto → Estado → persona. Esto convierte la dignidad humana en el criterio desde el cual debe evaluarse cualquier política pública.

 

3. La pobreza no puede analizarse únicamente como un problema de asistencia: El análisis da un paso importante desde la Doctrina Social de la Iglesia hacia Medellín y la Teología de la Liberación. No basta preguntar: ¿Cómo ayudar al pobre? Hay que preguntar: ¿Por qué existe pobreza? Y finalmente: ¿Qué estructuras económicas, políticas y sociales producen y reproducen la pobreza?

 

 Esta diferencia es fundamental. La caridad atiende la necesidad; la justicia busca garantizar derechos; la liberación pretende transformar las estructuras que producen exclusión. De ahí que el pobre no deba ser concebido simplemente como beneficiario, sino como sujeto de derechos y sujeto político.

 

4. La democracia no consiste solamente en votar: Otra conclusión fuerte del análisis es que la democracia exige participación, deliberación, libertad de pensamiento, pluralismo, instituciones y capacidad de control del poder. Por eso la expresión «escuchar al pueblo» tiene un significado democrático únicamente cuando implica incorporar, deliberar, consultar, reconocer al diferente, proteger minorías y ampliar ciudadanía.

 

Esto conduce a una distinción fundamental: escuchar al pueblo ≠ hablar en nombre del pueblo. El populismo aparece precisamente cuando un dirigente transforma la representación en identificación y comienza a afirmar, explícita o implícitamente: «Yo soy el pueblo». El análisis considera que esta apropiación del pueblo constituye un riesgo para el pluralismo democrático.

 

5. La Iglesia puede intervenir en política, pero no debe convertirse en partido: El texto establece una distinción importante entre política social y política partidista. La Iglesia no debe convertirse en instrumento de un partido político. Pero tampoco puede permanecer indiferente frente a:

 

-          Pobreza.

-          Corrupción.

-          Desigualdad.

-          Violación de derechos.

-          Deterioro democrático.

-          Injusticia.

-          Libertad de conciencia.

-          Condiciones laborales.

-          Bien común.

 

Su intervención legítima es fundamentalmente moral, antropológica, ética y pastoral, no de competencia técnica exclusiva sobre las políticas públicas. Por ello, los cuatro pronunciamientos pueden entenderse como una forma de interpelación moral al poder político.

 

6. Fraternidad sin justicia no es suficiente: El análisis de monseñor Garita conduce a una conclusión particularmente importante. La fraternidad es indispensable para reconstruir una sociedad fragmentada, pero no puede convertirse en sustituto de la justicia.

 

El análisis formula una advertencia muy clara: fraternidad sin justicia puede convertirse en retórica. La fraternidad debe traducirse en:

 

-          Derechos sociales.

-          Trabajo digno.

-          Políticas públicas.

-          Justicia distributiva.

-          Participación.

-          Transformación institucional.

 

 

 

Por ello, reconciliar no significa ocultar los conflictos sociales. Significa encontrar mecanismos democráticos para procesarlos.

 

7. La paz tampoco puede reducirse a ausencia de conflicto: El análisis concluye que una democracia saludable no elimina el conflicto: lo institucionaliza y lo procesa democráticamente. De ahí la secuencia: conflicto democrático → diálogo → negociación → participación → bien común.

 

La oposición no puede ser presentada como enemiga del pueblo, porque la oposición también forma parte del pueblo. Esto constituye una crítica simultánea a dos extremos:

 

-          Al autoritarismo, que elimina o deslegitima el disenso.

-          Al populismo, que pretende monopolizar la representación del pueblo.

 

8. Los 100 días no deben evaluarse solamente por eficacia administrativa: La pregunta no debe ser únicamente: ¿Cuántos proyectos presentó el Gobierno?; ¿Cuánto logró aprobar?; ¿Qué indicadores económicos mejoraron?

 

El criterio teológico-político propuesto es mucho más exigente: ¿Para quién se ejerce el poder y qué consecuencias tiene ese poder sobre la vida concreta de las personas? Desde esta perspectiva, la fortaleza política de un gobierno no constituye por sí misma una virtud. La pregunta es qué hace el Gobierno con esa fortaleza.

 

9. Los acontecimientos posteriores a los 100 días constituyen una prueba del proyecto de poder: El análisis, sostiene que los acontecimientos posteriores a los primeros 100 días son incluso más reveladores que la etapa inicial de instalación gubernamental.

 

Identifica una segunda fase marcada por:

 

-          Confrontación con el Poder Judicial.

-          Ampliación del secreto de Estado.

-          Política de mano dura.

-          Cuestionamientos a la política penitenciaria.

-          Enfrentamientos con medios.

-          Desgaste de la conversación digital.

-          Impulso legislativo.

-          Endurecimiento de la posición frente a Nicaragua.

 

Por ello, el problema político ya no sería simplemente si Fernández tiene poder, sino: ¿Qué hace con el poder que tiene?

 

10. El gran riesgo identificado es la transformación de la autoridad en dominación: Aquí aparece la aportación más radical de Enrique Dussel. El poder legítimo debe permanecer vinculado al pueblo y ejercerse como poder obediencial.

 

La secuencia virtuosa sería: pueblo (potentia) → instituciones (potestas) → poder obediencial → vida → justicia → fortalecimiento del pueblo. La secuencia perversa sería: pueblo → poder institucional → autonomización → fetichización → dominación → producción de víctimas.

 

Por ello, la cuestión central que el análisis deja abierta respecto de Laura Fernández es: ¿Estamos ante una potestas que manda obedeciendo al pueblo o ante una progresiva autonomización y fetichización del poder?

 

11. El análisis no afirma que Costa Rica haya dejado de ser una democracia: Esta precisión es muy importante. El texto no permite concluir categóricamente que el Gobierno Fernández sea ya autoritario, ni que Costa Rica haya dejado de ser una democracia.

 

Lo que sí permite concluir es que existen señales que requieren vigilancia democrática, especialmente en la relación entre:

 

-          Autoridad y límites.

-          Mayoría y minorías.

-          Seguridad y derechos.

-          Pueblo y populismo.

-          Poder institucional y soberanía popular.

 

Es, por tanto, una conclusión de alerta democrática, no una sentencia definitiva de autoritarismo.

 

12. La mayoría electoral no equivale a representar a todo el pueblo: Esta conclusión es particularmente relevante para el análisis de un gobierno con una mayoría legislativa importante. El análisis establece: La mayoría no es el pueblo entero. Y agrega: La autoridad no es propiedad; el poder no es dominación; hablar en nombre del pueblo no significa impedir que el pueblo hable por sí mismo. Por eso, incluso una mayoría democrática tiene límites. La mayoría gobierna, pero debe respetar: minorías + oposición + instituciones + derechos + pluralismo.

 

13. La seguridad debe estar subordinada a los derechos: El análisis tampoco rechaza la política de seguridad.  Su pregunta es diferente: ¿La seguridad protege realmente la vida y transforma las condiciones que producen violencia?

 

De ahí la fórmula: seguridad sin derechos → problema. Del mismo modo: autoridad sin control → problema. mayoría sin deliberación → problema. desarrollo sin inclusión → problema. La seguridad, entonces, no puede convertirse en una excepción permanente frente al Estado de derecho.

 

14. El criterio definitivo para juzgar a Laura Fernández es la vida de quienes tienen menos poder: Aquí convergen Dussel, Medellín, la Teología de la Liberación y la Doctrina Social de la Iglesia. La legitimidad política adquiere, así, una dimensión material: ¿Quién gana?; ¿Quién pierde?; ¿Quién queda excluido?; ¿Quién puede participar?; ¿Quién puede reclamar?; ¿Quién puede controlar al poder?

 

Ahora bien, Si hubiera que condensar todo el texto en una sola conclusión, sería ésta: El verdadero criterio para juzgar el poder político no es su fuerza, su popularidad, su capacidad de imponer una agenda ni sus resultados administrativos aislados, sino su capacidad para ponerse al servicio de la dignidad humana, especialmente de quienes tienen menos poder, dentro de instituciones democráticas, participativas y sometidas a límites.

 

El análisis llega a una cadena conceptual muy poderosa: dignidad → derechos → justicia → participación → bien común → paz. Y, desde Dussel, la cadena se radicaliza: pueblo → instituciones → poder obediencial → justicia → vida → fortalecimiento del pueblo.

 

Por eso, la pregunta definitiva que emerge del análisis sobre el gobierno de Laura Fernández no es si tiene poder, sino si ese poder sirve a la vida; no es si habla en nombre del pueblo, sino si permite que el pueblo hable, participe y controle; no es si puede gobernar con firmeza, sino si puede hacerlo sin convertir la firmeza en dominación. 

 

Y esta sería la síntesis final: No puede existir verdadera fraternidad sin justicia; no puede existir justicia sin dignidad; no puede existir dignidad sin derechos; no puede existir paz sin justicia; y no puede existir bien común cuando sectores de la sociedad son sistemáticamente excluidos.

 

En consecuencia, la gran prueba histórica del gobierno de Laura Fernández será determinar si la concentración de capacidad política se convierte en una mayor capacidad del pueblo para participar y vivir dignamente, o si termina convirtiéndose en una progresiva concentración y autonomización del poder. Esa es, en última instancia, la conclusión política, teológica y ética más profunda que permite extraer el análisis.